La huelga de RENFE

Los usuarios de los trenes de cercanías de Cataluña –en su inmensa mayoría trabajadores y jóvenes– han sufrido en el último año un verdadero calvario. Atrasos, averías, trenes parados durante horas en medio de los túneles, en un círculo infernal que se ha repetido mes tras mes. Tras haber hecho uso de la más santa de las paciencias, están más que indignados. Y tienen toda la razón.

¿Cuáles son las causas de la destrucción del servicio de cercanías de Barcelona? La ministra de Fomento ha explicado que las obras del AVE han obligado a reducir el número de vías disponibles y han causado parte de los accidentes. Eso es sólo parte de la verdad.

La propia ministra dijo que durante los gobiernos de Aznar no ha habido inversiones en mantenimiento de las vías de cercanías ni en la compra de trenes. Sólo en el Ave. Pero con el gobierno de Zapatero las cosas han seguido prácticamente igual.

Los ferroviarios de Sevilla saben cómo el Ave ha significado el fin de los trenes de larga distancia convencionales, y este proceso se puso en marcha ya hace varios años en la línea Madrid-Barcelona.

Pero hay que ir más allá. La Unión Europea impuso hace un par de años la separación de las infraestructuras ferroviarias (vías y estaciones) que quedaron en manos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tras la entrada en vigor, el día 1 de enero de 2005, de la Ley del Sector Ferroviario. RENFE operadora se quedó con al gestión de los trenes. El motivo de esta separación es la exigencia de Bruselas de que el tráfico ferroviario se abra a la “libre competencia”.

Al mismo tiempo, al limitar los presupuestos (con el déficit cero) y las inversiones en empresas públicas (que según ellos falsean la “libre competencia”), las instituciones de la Unión Europea imponen al Gobierno el gravísimo déficit de inversiones en la red de cercanías. De ahí el desastre de Cataluña.

Y ahora viene la otra cara de la moneda. Los regionalistas catalanes de diverso pelaje (y decimos regionalistas porque ninguno de ellos busca la soberanía de Cataluña, sino mantener la subordinación a Bruselas, directamente o a través de la Monarquía española) proponen la “solución”: la culpa del caos es “de Madrid” y lo que hay que hacer es transferir la red de cercanías al gobierno catalán. Tampoco han inventado la pólvora: la receta es… de Bruselas.

Los trabajadores de la sanidad pública conocen bien los efectos de esa receta: en la sanidad transferida a las autonomías, en todas ellas, hay recortes de plantillas, déficit de sustituciones… y privatizaciones de todos los colores. Cuando se celebró la “Cumbre autonómica sobre financiación sanitaria”, el consejero de Sanidad de Extremadura explicó el proceso con gran claridad: con el dinero que transfiere el Estado sólo hay para los gastos corrientes (y recortándolos) y para pagar las deudas. Pero no para invertir. Para invertir en nuevos equipamientos o nuevos hospitales, hay que recurrir a la “iniciativa privada”, o sea, a la privatización.

La regionalización de las cercanías supone abrir la vía hacia la privatización. Y, además, como demuestra la experiencia de Gran Bretaña, donde los ferrocarriles fueron divididos en empresas regionales y privatizados, la cohesión del transporte público se rompe. Y el transporte es un elemento básico de la cohesión del país.

Con motivo de la crisis de servicios e infraestructura se Cataluña, diversos políticos han empezado a hablar de una supuesta independencia de Cataluña. Entre ellos Carod, Puigcercós y Pujol. Maragall coincide en el fondo: ya no tiene sentido hablar de naciones ni de Estados.

¿Por qué estos señores, que han administrado durante años Cataluña bajo la Monarquía, se vuelven ahora “independentistas”? (aunque la “independencia” que defienden, bajo la bota de Bruselas y la OTAN, nada tendría de soberanía, sería como Montenegro o Kosovo, protectorados de las multinacionales). En otra ocasión nos detendremos en esa cuestión, pero de nuevo, la respuesta está en Bruselas, que se ha lanzado a un nuevo paso adelante, que parece incluir, por ejemplo, la ruptura de la propia Bélgica, sede de la propia Comisión Europea.

¿Exageramos? En todo caso, no seríamos los únicos. La revista The Economist, considerada uno de los órganos más serios del capital financiero británico (sucursal, hoy en día, de Wall Street) se permite publicar un editorial sobre Bélgica en el que dice que “a veces lo que debe hacer un país es reconocer que su tarea ha sido concluida”, y añade que para ofrecer nuevas cosas, los belgas “no necesitan a Bélgica. Pueden emerger dos o tres nuevos miniestados o quizá una Francia y una Holanda ampliadas (…) en resumen, Bélgica ha concluido su trabajo. Ahora toca un divorcio dulce. Los belgas no deben sentirse tristes. Los países van y vienen.”

Los trabajadores ferroviarios, conscientes de que la regionalización de las cercanías abre paso a la ruptura de su empresa, a la privatización y a la pérdida de sus derechos y sus puestos de trabajo, se niegan a aceptar esta situación. Por unanimidad de los sindicatos con representación en los Comités de Empresa de Renfe y Adif, han decidido convocar seis jornadas de huelga –los días 25 y 26 de septiembre y 1, 2, 11 y 15 de octubre–, para exigir al Gobierno que les explique el nuevo modelo de gestión de los servicios de Cercanías.

Con estas convocatorias, los sindicatos mostrarán su rechazo a la eventual transferencia de los servicios de Cercanías a las comunidades autónomas. Consideran que el servicio ferroviario es mejor en cuanto a calidad, eficiencia y seguridad si se opera de forma solidaria y de la forma en que actualmente está estructurado. Además, estiman que la eventual transferencia puede afectar a los derechos de los trabajadores ferroviarios, y que el proceso de paulatina liberalización en que actualmente está inmerso del sector ferroviario no constituye el mejor momento para segregar parte de los servicios y activos de la empresa pública Renfe.

No obstante, ante la decisión y voluntad política de transferir estos servicios, demandan que no constituya una transferencia integral que incluya activos y empleados, sino que se plantee como una participación en la gestión o de tal forma que sólo se ceda la gestión de los tráficos y las tarifas.

El secretario general de la Federación de Transportes de UGT de Cataluña, Joan Moreno, (primer sindicato en Renfe en Cataluña) aunque plantea que los sindicatos no están en contra del traspaso de Cercanías a la Generalitat, reivindica que los trabajadores deben conocer “cómo les afectará este cambio de competencias”.

Moreno reconoció que Renfe “no ha prestado un servicio en condiciones a sus usuarios”, y aseguró que eso es fruto de una falta de inversiones en los últimos años y de una falta de trabajadores y de material rodante, que debería solucionarse si el traspaso de competencias viene acompañado de mayores dotaciones económicas.

UGT tiene claro que el proceso de transferencia en la gestión de las cercanías que se aplique en Cataluña será el referente para el resto de Comunidades Autónomas. Algunas como Madrid, por boca de su presidenta, Esperanza Aguirre, ya han expresado su interés por gestionar este servicio público.

Con su convocatoria de huelga, los ferroviarios defienden que los intereses de los trabajadores y de los usuarios de los ferrocarriles exigen la no fragmentación de Renfe y la no disgregación de sus trabajadores.

El día 19 la ministra va a recibir a los sindicatos de Renfe, tratando de desactivar la huelga.

Frente a los trabajadores se levantan los mismos que han exigido el procesamiento de los trabajadores del aeropuerto del Prat, que también defienden la gestión del mismo por parte de la “iniciativa privada” de Cataluña: los agentes catalanes de las multinacionales, las Cámaras de Comercio. Un columnista de Avui azuza a los lectores contra los trabajadores de Renfe y Adif. Con el título “una huelga miserable” esta pluma mercenaria dice que Renfe es un engendro franquista. “El año 1942 el nuevo régimen unificó y absorbió todas las compañías ferroviarias privadas y creó un monstruo público que, como todos los de la época, se reivindicaba nacional y español. (...) Nacía la Renfe, producto del delirio franquista y reordenadora de las comunicaciones ferroviarias en el nuevo Estado”

Ese individuo termina su columna diciendo que “ahora esos señores de Renfe y Adif –último grillo del invento– convocan una huelga porque les quieren transferir a los gobiernos de sus víctimas. Una huelga miserable. Tienen razón. ¡No a la transferencia de Cercanías! ¡Sí al cierre!”

¿Puede haber una Cataluña viable sin un transporte público de calidad? ¿Y puede haberlo sin una empresa pública unificada de transportes? Los intereses de los trabajadores exigen apoyar la huelga de los ferroviarios.

Sus exigencias deben ser apoyadas por las centrales, por todas las instancias sindicales, por los partidos que hablan en nombre de los trabajadores. Y debería llevar a reclamar el fin del proceso de “liberalización”, y en concreto la reunificación de Renfe y Adif, la recuperación de todos los servicios externalizados y que no entren empresas privadas en el tráfico de mercancías. De lo contrario, echaríamos la disgregación por la puerta y nos entraría por la ventana.

Y en definitiva la defensa del ferrocarril público exige acabar con el dogal del déficit cero y con la regionalización que impone Bruselas. Exige la soberanía de todos los pueblos para poder defender los servicios públicos: las repúblicas libres, la unión libre de repúblicas libres.

El territorio registra en siete meses siete fallecidos , la cifra total del año pasado

En ambos períodos, la mayor parte de los siniestros se produjeron en el sector de la construcción, el más afectado

itoria. La siniestralidad laboral ha superado un récord fatal en el territorio alavés desde enero hasta julio. En tan sólo siete meses, la cifra de muertes en el ámbito del trabajo se ha disparado más del doble respecto a 2006 y los tres fallecidos registrados entre los mismos meses del año pasado se han convertido en siete este año. De hecho, hasta julio ha perdido la vida el mismo número de operarios que en la totalidad de 2006.

Los datos corresponden al seguimiento que realiza CCOO en el territorio. El responsable de Construcción y Madera de la central, Juan Luis España, advierte de lo preocupante del caso alavés donde, al parecer, el mundo laboral atraviesa por una negra etapa concentrada en las últimas semanas.

Las estadísticas oficiales, sin embargo, ofrecen una realidad bien diferente. La base de datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) ofrece cifras relativas hasta el mes de junio, período en el que contabiliza tres muertes: sin embargo, sólo registra una en los seis primeros meses de este año, por lo que la variación porcentual de los fallecimientos en el lugar de trabajo es negativa (-66,67%).

No obstante, al margen de los datos oficiales, lo cierto es que el mes de julio en el territorio ha sido más que aciago en lo que al panorama laboral se refiere. En tan sólo cuatro semanas han fallecido cuatro personas, un operario de 44 años en el Centro de Transportes de Vitoria al ser atropellado por su remolque; R.M.M. (61 años), trabajador de Cafés la Fortaleza, por causas que todavía se investigan; un empleado rumano de 54 años en Berantevilla, aplastado por la carga del camión que conducía; y JA.B.Z. (57 años), mientras realizaba labores forestales en Llodio.

antecedentes Todos ellos se suman a otros tres accidentes previos y conforman un trágico registro. Quizá el siniestro más indignante, por las circunstancias que lo rodearon, fue el que sufrió el marroquí S.D. el pasado 24 de enero, cuando cayó del tejado de Sucesores Aguirre donde trabajaba, en Portal de Gamarra. El fallecido no sólo estaba subcontratado varias veces, sino que la firma ocultó las pruebas de su accidente, empañando una investigación que llevó meses esclarecer.

Asimismo, el 1 de marzo fallecía J.A.S.R., de 43 años, por un corrimiento de tierras que lo sepultó mientras trabajaba en la construcción de una bodega en La Hoya. El mismo día perdía la vida A.J.U., de 61 años, en un accidente del que nadie fue testigo, ya que la víctima fue hallada por sus compañeros en una de las edificaciones que se levantan en Salburua. Su deceso no fue incluido como accidente laboral dado que, al parecer, sucedió por causas naturales.

Por último, el 14 de mayo también fallecía N.G., un magrebí de 27 años que se precipitó al vacío en una obra de construcción en Mariturri.

En total, cuatro de los fallecidos pertenecían al sector de la construcción -todavía el más azotado por este grave problema-, uno de ellos al de transporte y otros dos al área agroalimentaria. Igualmente, de los siete trabajadores que perdieron la vida el año pasado, cuatro de ellos realizaban labores en la construcción, uno en el ámbito forestal y dos en la industria. CCOO incluye, asimismo, otros dos decesos initinere que no son contabilizados en la estadística .

España reitera la necesidad de que la Administración "haga cumplir las leyes", y de que los empresarios "se impliquen" en una problemática que parece no tener fin. Por otra parte, pese a que reconoce las dificultades que encuentra Osalan a la hora de efectuar las investigaciones, insta a esta entidad a ser beligerante con quienes incumplen la ley. "Cuando se mezclan responsabilidades civiles y penales, los casos se complican más allá de los dos o tres meses habituales que suelen tardar los informes", explica España, "pero los culpables deben asumir su responsabilidad", concluye.

Llamamiento del comité
por la anulación de los procesamientos

Con el paso del tiempo se han ido aclarando las circunstancias de lo sucedido en la huelga del 28 de julio de 2006 y en la campaña posterior para procesar y condenar a decenas de trabajadores y sindicalistas del Prat por un delito de sedición. La patronal Fomento del Trabajo, junto con Iberia y Aena como acusación encabezan una ofensiva de sesgo claramente contrario al derecho de huelga, a la acción sindical y por lo tanto contraria a los derechos democráticos fundamentales. Y en pro de la precarización y privatización de los aeropuertos.

Diversos sindicalistas de diferentes opciones, mayoritariamente de UGT y de CCOO, y ciudadanos que defendemos las libertades hemos empezado a rechazar la manipulación de la opinión pública. ¿Cómo es posible que la defensa de los derechos de los trabajadores tenga una respuesta penal? Si se criminaliza la acción sindical están en peligro las bases de toda democracia.

Asumimos como propia la defensa de los trabajadores y responsables sindicales implicados. Hemos recogido más de 2.000 firmas de sindicalistas, parlamentarios, abogados y demócratas de todo el Estado contra su procesamiento, de las cuales el 20 de junio fueron entregadas 1.841 a la Fiscalía de Cataluña.

Hecho este primer agrupamiento de fuerzas, con éxito y bastante aprisa, hemos decidido constituir un comité de apoyo, abierto y unitario, para precisar, ampliar y dar más contundencia a la tarea emprendida.

Invitamos a participar en él a todas y a todos, pues a todos concierne: están en juego las libertades democráticas.

Un responsable de un organismo internacional de defensa de las libertades políticas y sindicales que acudió a Barcelona el 20 de junio declaraba en un comunicado: "¿Cómo entender que mientras que el derecho de huelga se reconoce oficialmente, cientos de sindicalistas sean condenados y tratados como delincuentes? ¿Quién puede aceptar que penda permanentemente una espada de Damocles sobre las cabezas de las organizaciones sindicales, de los militantes? ¿Es eso la democracia?"

La Unión Local de la CGT-FO de Roissy (sede del segundo aeropuerto de Europa) se solidariza con los compañeros declarando: "Defender el puesto de trabajo es un derecho legítimo. Hacer huelga para defender el puesto de trabajo es un derecho legítimo".

Hay que recordar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha determinado que sólo se puede restringir el derecho de huelga en los servicios públicos cuando esté en juego la vida o la integridad de las personas.

Hemos decidido trabajar con la hoja de firmas que reproducimos.

Hemos decidido nombrar un portavoz y un coordinador para esta nueva etapa y tomar las siguientes medidas:

# seguir extendiendo la recogida de firmas
# impulsar el pronunciamiento de instancias sindicales, representantes elegidos, profesionales y personalidades
# volver a pedir una entrevista con la Fiscalía
# dirigirnos y hacer delegaciones a las acusaciones particulares para que retiren los cargos, en particular a la empresa pública Aena, y también a Iberia y al Fomento del Trabajo
# preparar todo tipo de actos públicos de solidaridad con los compañeros y defensa de las libertades sindicales y democráticas

Barcelona, 20 de julio de 2007

El Comité de Apoyo a los Trabajadores
del aeropuerto del Prat,
por la anulación de su procesamiento

Ante la crisis, defender los convenios, las normas laborales
contra el asalto de la Unión Europea
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Este 1 de Mayo está marcado por la abrumadora factura de la crisis capitalista que la Unión Europea y los gobiernos del mundo pretenden hacer pagar a los trabajadores.

El Banco Central Europeo arruina las economías con el alza del euro, en beneficio de los Estados Unidos. Arruina a las familias trabajadoras con el alza del euríbor, en beneficio de los bancos.

En nuestro país ha habido 246.000 parados más en el último trimestre, un 9,6% de paro oficial, destrucción neta de empleo.

La primera necesidad es defender a los trabajadores, y eso significa defender los derechos conquistados.

Pues bien, la Unión Europea ha emprendido una ofensiva para convertir en papel mojado los convenios y las legislaciones laborales de todos los países. La directiva de servicios (Bolkestein) ha dado lugar a que tres sentencias sucesivas del Tribunal de Justicia Europeo anulen la vigencia de los convenios y leyes laborales de un país permitiendo que las empresas trabajen amparándose en normas más favorables de otros países.

Las organizaciones de los trabajadores no pueden aceptar eso. Y esto significa organizar movilizar todas las fuerzas de los trabajadores. En pro de esta unidad contra las sentencias del TJE se ha convocado en Estocolmo, para fines de mayo, una conferencia que debería contar con el apoyo de todas las fuerzas obreras.

Pero todas las agresiones de la Unión Europea contra los trabajadores y la democracia se cifran hoy en la ratificación del nuevo Tratado Europeo, que las Cortes pretenden votar en breve. ¿No hay que reclamar en este 1 de mayo a los diputados elegidos por los trabajadores que se nieguen a ratificar ese tratado?