El 1 de diciembre de 2006 entraba en vigor en Sevilla la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, la mal llamada "Ley antibotellón".

Desde el inicio, la Ley establece que "se entiende por actividad de ocio toda distracción que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal, que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellas, mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo". Por tanto el objeto de la Ley no es la erradicación del botellón como han presumido los medios de comunicación y se han vanagloriado los políticos, sino la prohibición expresa de concentración, permanencia o concurrencia de personas en espacios públicos, consuman o no bebidas alcohólicas.

La ley vela por "garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas incompatibles con la normal utilización de los espacios abiertos de los núcleos urbanos, considerando actividades incívicas la concurrencia o concentración de personas, en determinados espacios abiertos de las ciudades, para beber, hablar entre ellos y escuchar música, entre otras actividades (según reza la exposición de motivos para la aplicación de dicha Ley), provocando [..] la ingesta de importantes cantidades de bebidas alcohólicas y otros hábitos poco saludables y (...) un indeseable impacto acústico en esas zonas." Lo que ha provocado que la policía pueda disolver cualquier grupo sin importar el número de integrantes o la actividad que estén desarrollando en la vía pública. Y así han decidido que bebamos o no bebamos, hagamos o no hagamos ruido, la concentración o concurrencia de jóvenes queda prohibida en la realidad municipal de Sevilla.

La solución a este "problema" queda planteada igualmente en el preámbulo de la Ley: "La habilitación de espacios, bien comunicados mediante transporte público, en áreas en las que no se entre en conflicto con las necesidades e intereses de otros colectivos de ciudadanos y ciudadanas puede avalar la aplicación de medidas encaminadas a eludir ruidos, suciedad y un abusivo consumo de alcohol." Es el llamado "Botellódromo", que desconocemos en qué medida va a disminuir el consumo de alcohol y que se anunciaba como la alternativa de ocio nocturno que salvaguardara la tranquilidad de los vecinos. Hoy, pasados ya tres meses desde la entrada en vigor de la Ley sigue sin ser una realidad (de esas que tanto gustan a nuestros políticos). Una realidad que lejos de ser pública, como cabía esperar, será concedida a la Asociación de Terrazas, Bares de Copas y Discotecas (TEBADIS) y la Asociación de Salas de Fiesta y Turismo de Sevilla (APEFISE), intentando cambiarnos así la calle por una macrodiscoteca (que lo será) y la libertad de tránsito por una cárcel de 60.000 metros cuadrados, con una red más que deficiente de transporte público.

Por último, el texto termina diciendo que la Ley "autoriza [..] a los ayuntamientos para dictar, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y en el ámbito de sus competencias específicas, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley", por lo que el Alcalde de Sevilla, Rafael Sánchez Monteseirín, publicó un decreto en el cual quedaba acotada la Ley a 12 zonas acústicas saturadas y otras 5 donde se producían concentraciones juveniles. Más tarde lanzó otro decreto donde se decía, que pese a ser estas zonas las de mayor actuación policial, cualquier vecino, de cualquiera que fuera la zona, puede denunciar que se está incumpliendo la Ley en las inmediaciones de su domicilio.

Desde el primer día de aplicación y hasta la fecha unos 26 jóvenes sevillanos han resultado heridos y otros tantos han sido detenidos por participar en encuentros silenciosos, repartir octavillas en contra de la Ley o estar en los veladores exteriores de los bares (eso sí, de pie). Así pues, se llegó incluso a disolver a un grupo de jóvenes que esperaban para entrar en una pizzería en el primer fin de semana de aplicación de la Ley.

¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos temer en un futuro inmediato? El debate no es beber o no beber en la calle, ni siquiera las consecuencias derivadas de la' concentración de personas en un determinado lugar. El problema es que desde el marco legal se nos prohibe la libertad de elegir qué queremos hacer o dónde queremos ir. En Andalucía hemos podido disfrutar siempre de los espacios públicos, hemos decidido durante años hacer de la calle un lugar de socialización. Y con esta Ley no quitarán las terrazas y veladores de los establecimientos, ya que cumplen la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, pero nos quitan el derecho de permanecer, congregarnos o concurrir las calles. Irremediablemente privatizan el ocio. Igual, es inevitable pensar que volvemos a tiempos del franquismo donde había que pedir permiso a Gobernación para que la reunión de más de tres personas no fuera considerada como manifestación subversiva. ¿Y por qué no? Si ya volvieron años atrás pisando de lleno el artículo 21 de la Constitución de 1978.

(Artículo 21 de la Constitución): Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

(Artículo 2 de la "Ley antibotellón"): Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley: (...] c) El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, debidamente comunicados conforme a la normativa vigente.

Ana González

Al Embajador de Grecia en España
Sr. Georgios Gabrielides
Solidaridad con los estudiantes y trabajadores griegos
CASTIGO A LOS POLICÍAS QUE HAN ASESINADO AL ESTUDIANTE
DE 15 AÑOS ALEXANDROS GRIGOROPOULOS EN ATENAS EL 6-12-08
En Grecia como en España: No a la reforma para recortar
las pensiones impuesta por la Unión Europea
En defensa de los títulos y de la universidad pública:
No al proceso de Bolonia
Nos dirigimos al gobierno de Grecia y a su Embajada y oficinas consulares en el estado español para expresarle
nuestra más enérgica condena del asesinato del estudiante de 15 años Alexandros Grigoropoulos a manos de un
agente de policía en el barrio de Exarchia (Atenas) y exigir castigo a los culpables.
Nos solidarizamos plenamente con los estudiantes y los trabajadores que en toda Grecia se están movilizando
para protestar por el asesinato de Alexandros a manos de la policía y denunciamos la represión con la que han
sido contestadas las manifestaciones.
Exigimos al gobierno de Grecia el fin de la represión policial, la liberación de los cientos de detenidos y el
respeto de las libertades y derechos fundamentales en la víspera de la convocatoria de una huelga general contra
la reforma de las pensiones.
Nos solidarizamos y saludamos especialmente la lucha de los estudiantes y los trabajadores griegos porque
sabemos que están enfrentados a los planes del gobierno griego, que como aquí, siguiendo los dictados de la
Unión Europea pretende atacar las pensiones por un lado y aplicar los acuerdos de Bolonia para avanzar en la
privatización de la universidad pública y en la destrucción de los títulos por otro.
Saludamos y apoyamos la jornada de huelga general en Grecia contra los recortes a las pensiones que tendrá
lugar el 10 de diciembre y que coincide con las movilizaciones en Madrid y con otras en todo el estado español
en defensa de la universidad pública y contra los planes de Bolonia.
Compañeros de Grecia: ¡Estamos con vosotros en la lucha!
Organización Revolucionaria de la Juventud (ORJ)
Sección en el estado español de la Internacional Revolucionaria de la Juventud (IRJ)
C/ Pizarro 21 bajo, 28901 Getafe (Madrid).
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